“Paco el Pocero”

Marbella, Seseña, el Hotel del Algarrobico en el Cabo de Gata, etc.. se han convertido en ejemplos clarísimos de hasta qué punto el desmadre urbanístico y especulativo ocurrido en España en las dos últimas décadas ha requerido como condición sine qua non la colaboración de la clase política municipal y autonómica (ante la negligencia e irresponsabilidad de la Administración Central). No estamos por tanto ante un fenómeno criminal típico, en el que unos delincuentes violan la ley, sino ante algo mucho más grave ya que los delitos y aberraciones urbanísticas a las que estamos asistiendo requieren la colaboración activa legal de ayuntamientos y Comunidades Autónomas vía modificaciones de planes urbanísticos y autorizaciones administrativas. Por tanto, el fenómeno va más allá y tiene un mayor impacto social y político de lo que supone, por ejemplo, el tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque los tráficantes de drogas pueden corromper puntualmente a un juez o a un policia, pero no pretenden derogar la Ley del Medicamento o la Ley del Menor para que las pastillas de éxtasis se vendan libremente. Por tanto, mientras estos últimos se sitúan al márgen de la ley, los especuladores se sitúan necesariamente dentro de la ley. El caso de Francisco Hernado, “Paco el Pocero”, que los medios de comunicación han cubierto con bastante detalle durante los últimos meses (y en cuyos detalles no entraré aquí) ofrece un estudio de caso perfecto para entender cómo ha funcionado la especulación inmobiliaria y la corrupción urbanística en nuestro país. La historia, desde luego no tiene desperdicio.

Normas a la parrilla

Veraneando en la provincia de Cádiz es imposible no maravillarse ante el asunto de la fiesta de las barbacoas en la playa, una tradición “inventada” y promovida desde hace sólo cuatro años desde el Ayuntamiento de Cádiz y que se ha convertido en un auténtico problema medioambiental ya que las aproximadamente 200.000 personas que vienen participando en las fiestas vienen dejando una media de 150 toneladas, léase bien, ¡150.000 kilos de basura!, en las playas, incluyendo cristales y brasas que obligan a cribar la arena de forma minuciosa. Estamos, pues, ante un macrobotellón para adultos organizado por las administraciones públicas en un espacio especialmente protegido. Todo ello, por supuesto, con el permiso del Ministerio de Medio Ambiente, cuyo jefe de demarcación no tiene el valor de oponerse al Ayuntamiento de Cádiz para no parecer impopular y con la aquiescencia del Ministerio de Medio Ambiente en Madrid, que habrá hecho todo lo posible por no leer el periódico estos días. Así que, con el informe negativo del técnico responsable en la mano, que recomienda prohibir el acontecimiento en razón de su indudable impacto medioambiental, se procede a autorizar la fiesta, eso sí con unas condiciones tan “severas” que provocan la risa:  

Fútbol y fraude en inmigración

Hace mucho tiempo que sospechábamos que hay fraude en la concesión de permisos de trabajo / residencia a los futbolistas ya que éstos obtienen sus permisos con una rapidez sorprendente respecto a otros trabajadores inmigrantes. El siguiente artículo demuestra cómo funciona la cosa: chanchulleos, amiguismos, llamaditas, regalitos, favores, etc.. en fin, lo peor de nuestra administración, pero también de nuestra sociedad civil. Sonroja recordar cómo la Ministra de Inmigración de Holanda ha tenido que dimitir recientemente por “interesarse demasiado” por la nacionalidad de la diputada somalí Ayan Hirsi Ali (¡el escándalo que se formó en Holanda!), o que el Primer Ministro danés, Poul Schlüter, dimitiera hace años por favorecer la concesión de visados a unos inmigrantes tamiles que, legalmente, no los merecían. En España, sin embargo, la noticia ha pasado desapercibida. ¿Ha ordenado el Ministro Caldera una investigación? ¿Nos puede asegurar el Ministro que el Estado de Derecho funciona y que las normas son iguales para todos?

Administración contra Administración

La Junta de Andalucía subvenciona un ferry, y con su subvención hunde un negocio que funcionaba desde 1929. Ese negocio no se modernizó, no sabemos por qué, y el resultado es que el “vaporcito” tarda el doble de tiempo en ir del Puerto de Santa María a Cádiz que el nuevo transbordador y, además, lo hace a un precio casi doble (tres euros frente a 1.80). Los ciudadanos del Puerto aman la tradición, pero no tanto como para pagar el doble por tardar el doble así que han abandonado el “vaporcito”. Pero el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, que es más sabio que sus ciudadanos ha decidido coger 6000 euros de los impuestos de la gente del Puerto para comprar 3000 billetes anuales a los dueños del vaporcito para que éste último pueda seguir funcionando. ¿No es maravilloso? Es como si el Ayuntamiento rehiciera las decisiones de sus ciudadanos, obligando a 3000 de ellos a seguir viajando en el vaporcito. Así que los ciudadanos del Puerto ahora pagarán 1.80 euros por ir a Cádiz, y 3.00 euros por no ir. Todo ello porque la Junta y los Ayuntamientos implicados se han negado a coordinarse a la hora de establecer la planificación de los transportes de la Bahía.

 

Incompetencia en la DGT

El cúmulo de despropósitos de todo lo relacionado con la seguridad vial en España (como penalizar más a quién tiene carné de conducir que a quien no lo tiene o pretender imponer penas de prisión por excesos de velocidad) ha registrado un paso adelante fundamental en la implantación del carné por puntos (en el que se penaliza igual aparcar mal tres veces que conducir ebrio). Pero lo mejor de todo es que según la normativa actual, “no se puede obligar a los Ayuntamientos a comunicar a Tráfico las sanciones impuestas por la Policía Local a los conductores para que éstas se descuenten de sus carnés” (El País 6 de julio de 2006, p.27).

Lo peor del Estado autonómico

En teoría, la descentralización es buena para los ciudadanos. En la práctica, el sistema de gobierno en tres niveles que rige en España (estatal, autonómico y local) tiene como resultado en ocasiones consecuencias muy incómodas para la vida de los ciudadanos. Como las competencias no se reparten claramente, sino que deben ejercerse coordinadamente, nadie asume la responsabilidad. En el ejemplo que se plantea aquí, una carretera se colapsa, los ciudadanos se atascan, pero nadie es responsable. La crónica condensa cientos de estudios sobre el Estado autónómico y la cooperación entre administraciones públicas.