“¡Tíos, la hemos cagado!”

Leyendo el texto íntegro [se adjunta más abajo] de las declaraciones del primer ministro húngaro, Ferenc Gyurcsany, no extraña que los húngaros se hayan echado a la calle. Pero uno en el fondo duda de si clasificar estas declaraciones como mala o como buena política. No es usual que un político sea tan sincero y explique tan claramente las cosas. Los politólogos necesitamos escribir libros enteros para explicar lo que Gyurcsany nos han contado en unos cuantos párrafos con un estilo sencillo y directo. El texto que se adjunta debería ser de estudio obligatorio en la carrera de ciencias políticas; también se podría incluir como prólogo de una nueva edición del libro de Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy (1957).

“Paco el Pocero”

Marbella, Seseña, el Hotel del Algarrobico en el Cabo de Gata, etc.. se han convertido en ejemplos clarísimos de hasta qué punto el desmadre urbanístico y especulativo ocurrido en España en las dos últimas décadas ha requerido como condición sine qua non la colaboración de la clase política municipal y autonómica (ante la negligencia e irresponsabilidad de la Administración Central). No estamos por tanto ante un fenómeno criminal típico, en el que unos delincuentes violan la ley, sino ante algo mucho más grave ya que los delitos y aberraciones urbanísticas a las que estamos asistiendo requieren la colaboración activa legal de ayuntamientos y Comunidades Autónomas vía modificaciones de planes urbanísticos y autorizaciones administrativas. Por tanto, el fenómeno va más allá y tiene un mayor impacto social y político de lo que supone, por ejemplo, el tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque los tráficantes de drogas pueden corromper puntualmente a un juez o a un policia, pero no pretenden derogar la Ley del Medicamento o la Ley del Menor para que las pastillas de éxtasis se vendan libremente. Por tanto, mientras estos últimos se sitúan al márgen de la ley, los especuladores se sitúan necesariamente dentro de la ley. El caso de Francisco Hernado, “Paco el Pocero”, que los medios de comunicación han cubierto con bastante detalle durante los últimos meses (y en cuyos detalles no entraré aquí) ofrece un estudio de caso perfecto para entender cómo ha funcionado la especulación inmobiliaria y la corrupción urbanística en nuestro país. La historia, desde luego no tiene desperdicio.

Normas a la parrilla

Veraneando en la provincia de Cádiz es imposible no maravillarse ante el asunto de la fiesta de las barbacoas en la playa, una tradición “inventada” y promovida desde hace sólo cuatro años desde el Ayuntamiento de Cádiz y que se ha convertido en un auténtico problema medioambiental ya que las aproximadamente 200.000 personas que vienen participando en las fiestas vienen dejando una media de 150 toneladas, léase bien, ¡150.000 kilos de basura!, en las playas, incluyendo cristales y brasas que obligan a cribar la arena de forma minuciosa. Estamos, pues, ante un macrobotellón para adultos organizado por las administraciones públicas en un espacio especialmente protegido. Todo ello, por supuesto, con el permiso del Ministerio de Medio Ambiente, cuyo jefe de demarcación no tiene el valor de oponerse al Ayuntamiento de Cádiz para no parecer impopular y con la aquiescencia del Ministerio de Medio Ambiente en Madrid, que habrá hecho todo lo posible por no leer el periódico estos días. Así que, con el informe negativo del técnico responsable en la mano, que recomienda prohibir el acontecimiento en razón de su indudable impacto medioambiental, se procede a autorizar la fiesta, eso sí con unas condiciones tan “severas” que provocan la risa:  

Fútbol y fraude en inmigración

Hace mucho tiempo que sospechábamos que hay fraude en la concesión de permisos de trabajo / residencia a los futbolistas ya que éstos obtienen sus permisos con una rapidez sorprendente respecto a otros trabajadores inmigrantes. El siguiente artículo demuestra cómo funciona la cosa: chanchulleos, amiguismos, llamaditas, regalitos, favores, etc.. en fin, lo peor de nuestra administración, pero también de nuestra sociedad civil. Sonroja recordar cómo la Ministra de Inmigración de Holanda ha tenido que dimitir recientemente por “interesarse demasiado” por la nacionalidad de la diputada somalí Ayan Hirsi Ali (¡el escándalo que se formó en Holanda!), o que el Primer Ministro danés, Poul Schlüter, dimitiera hace años por favorecer la concesión de visados a unos inmigrantes tamiles que, legalmente, no los merecían. En España, sin embargo, la noticia ha pasado desapercibida. ¿Ha ordenado el Ministro Caldera una investigación? ¿Nos puede asegurar el Ministro que el Estado de Derecho funciona y que las normas son iguales para todos?

Los accidentes ocurren, sí.

Pero las administraciones públicas tienen la obligación de prevenirlos. Es curiosa la doctrina oficial ante los accidentes: el Consejero de Transportes de la Generalitat no tiene ninguna responsabilidad que asumir ante el accidente en el metro de Valencia pese a las 41 muertes (El País 6 de junio de 2006, p.17). Argumenta que “el factor humano siempre desempeñará un papel” (sic).

Ministro exige rectificaciones a ciudadanos

Una práctica sorprendente en democracia: que un Ministro exiga rectificaciones a unos ciudadanos que han presentado una denuncia ante el juzgado.