Perder los estribos no es propio de un diplomático. Menos de un servidor público. El jueves 20 de julio, en un desayuno organizado por el Foro de la Nueva Economía en Madrid, uno de los asistentes, Mauricio Hatchwell Toledano, empresario “hebreo español”, según la crónica de EL PAIS (21 de julio de 2006, p.17) calificó las declaraciones de Zapatero sobre la “desproporción” del ataques israelíes sobre Líbano de “antiisraelíes y antisemitas”. Evidentemente, se puede discrepar del Señor Hatchwell Toledano (en realidad, se debe discrepar, pero eso es otra cuestión: en la misma crónica el propio presidente de la Federación de Comunidades Judías, Jacobo Israel, condena las afirmaciones recordando que este Gobierno ha instaurado recientement el Día del Holocausto y abrirá próximamente la Casa de Sefarad). Por tanto, Moratinos tiene derecho a sentirse ofendido y a molestarse. Pero lo que llama la atención es el tono intimidatorio y amenazante que empleó Moratinos (diputado electo y ministro) contra un ciudadano cualquiera. “Que sea la última vez que denuncies, condenes y te expreses públicamente de esta manera”, le advirtió en un tono visiblemente tenso (en televisión se pudo ver). ¿Tiene esto sentido? ¿Puede un Ministro amenazar a un ciudadano en público de esta manera y coartar su libertad de expresión? ¿Qué hará Moratinos si el Señor Hatchwell vuelve a acusar al Gobierno de antisemita? ¿Deportarle a Israel? ¿Limitar sus derechos constitucionales?
