En teoría, la descentralización es buena para los ciudadanos. En la práctica, el sistema de gobierno en tres niveles que rige en España (estatal, autonómico y local) tiene como resultado en ocasiones consecuencias muy incómodas para la vida de los ciudadanos. Como las competencias no se reparten claramente, sino que deben ejercerse coordinadamente, nadie asume la responsabilidad. En el ejemplo que se plantea aquí, una carretera se colapsa, los ciudadanos se atascan, pero nadie es responsable. La crónica condensa cientos de estudios sobre el Estado autónómico y la cooperación entre administraciones públicas.
Tráfico augura graves problemas en la M-40 y la A-2 por el nuevo complejo
E. G. – Madrid
EL PAÍS – 20-05-2006
Mucho ocio y mucho tráfico. La situación estratégica -en la glorieta Eisenhower, en San Blas- de Plenilunio Park, el mayor centro comercial de Madrid, ha provocado que la Dirección General de Tráfico (DGT) alerte sobre los problemas que se generarán en las vías de su entorno, sobre todo la M-40 y la A-2 (autovía Madrid-Barcelona). Además, según el director de Circulación de la DGT, Federico Fernández, la afluencia a este centro afectará también a los movimientos de vehículos hacia el aeropuerto de Barajas.”A nosotros nunca se nos pide opinión sobre la conveniencia o no de los centros comerciales o de los grandes proyectos urbanísticos, pero cuando hay problemas de atascos, cuando hay víctimas, todos apuntan a la DGT, sobre todo determinadas autoridades autonómicas. No se puede autorizar algo sin tener en cuenta la capacidad de las carreteras”, subraya Fernández. En su opinión, estas grandes actuaciones deberían contar con un buen “estudio de movilidad y accesibilidad, con el conocimiento o la autorización de Tráfico”.
Los promotores del proyecto acudieron hace unos 20 días a la DGT para presentarlo, obviamente ya concluido y sin posibilidad de modificaciones. “Ésa es el primera noticia que hemos tenido”, asegura el subdirector de Circulación, que recuerda que no es la primera vez que se enfrenta a este problema. “Pasó con el centro Xanadú, cerca de Móstoles, y ha pasado con otras zonas comerciales de Madrid”, se queja.Un problema de otrosEl Gobierno autónomo, que pretende arrogarse el derecho de paralizar proyectos urbanísticos si éstos no cuentan con las infraestructuras necesarias (como en el caso de la operación Chamartín), asegura que es responsabilidad del Ayuntamiento conceder la licencia, previa petición del estudio de movilidad.
La Consejería de Urbanismo, departamento encargado de conceder la primera licencia y de requerir el estudio de movilidad, dio el visto bueno al proyecto. En mayo de 2001, la Consejería de Economía otorgó la segunda licencia a Riofisa.Ese mismo año, el Consistorio pidió opinión sobre el proyecto a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, que, según fuentes del Gobierno regional, emitió un informe en el que apreció “una distribución interna positiva, pero que la externa (es decir, lo que afectaba al entorno) presentaba deficiencias”. En dicha comunicación se indicaba a los dueños del centro que contactasen con el Ministerio de Fomento, “porque el Gobierno regional no tiene competencias sobre esas carreteras”.Fuentes del ministerio aseguran que se hicieron las indicaciones precisas “de accesos igual que en el caso de cualquier propiedad privada. Los accesos los deben asumir los interesados, y en este caso deben ir a parar a la A-2″. Como es habitual, los atascos no tendrán un culpable claro, pero perturbarán la vida de aquellos que tengan que circular en el área de influencia del nuevo centro.
